La política de competencia contribuye a una mayor competitividad del país

Publicado el 25-06-2014

competitividadLa Ley General de Defensa de la Competencia, llamada a defender y promover la competencia efectiva en los mercados, es un instrumento jurídico indispensable para lograr una mayor competitividad.

A los fines de conocer cómo la Ley No. 42-08 impulsa una mayor competitividad en el país, es conveniente, en primer lugar, definir los términos de competencia efectiva y de competitividad.

Conforme a la Ley No. 42-08, artículo 4, literal c), el término de competencia efectiva se refiere a la “participación competitiva entre agentes económicos en un mercado, a fin de servir una porción determinada del mismo, mediante el mejoramiento de la oferta en calidad y precio en beneficio del consumidor”.

En este escenario, la competencia selecciona a los agentes económicos más eficientes, pues ante la presión competitiva, se ven obligados hacer un mayor esfuerzo por crear, innovar e invertir en las tecnologías disponibles más avanzadas, produciendo una gran variedad de bienes y servicios al menor costo posible, traduciéndose en calidad y en mejores precios para los consumidores. Esto con el fin ulterior, de ganar una mayor participación, es decir, ser las preferidas por los consumidores y usuarios en el mercado en el que opera.

Por otro lado, el término de competitividad se refiere a la capacidad que tiene un país de producir bienes y servicios que compiten eficazmente con la oferta extranjera tanto el mercado nacional como en el extranjero.

Una vez aclarados los términos de competencia efectiva y competitividad, podemos adentrarnos en el análisis de cómo se vinculan ambos conceptos. Es evidente que los agentes económicos que participan en un ambiente donde hay competencia, son los más aptos para rivalizar con las empresas extranjeras, pues mediante el mecanismo de selección natural, las empresas más eficientes son las que sobreviven y prosperan en las industrias.  Esta eficiencia económica que genera la competencia, ya sea en relación a la asignación eficiente de los recursos, en el aumento de la productividad o en la innovación, es la que permite que las empresas disfruten de una mayor capacidad para rivalizar en el entorno internacional competitivo, evitando ser desplazadas ante la apertura comercial.

Sin embargo, cuando la búsqueda de mayores beneficios por los agentes económicos se convierte en conductas anticompetitivas que distorsionan y eliminan la libre competencia, no hay un funcionamiento eficaz de los mercados y las empresas están menos preparadas para rivalizar con sus equivalentes en el extranjero, así como para brindar mejores ofertas.

Ante estas situaciones, Pro-Competencia jugará un rol importante, ya que amparada en la Ley No. 42-08, sancionará las conductas anticompetitivas (prácticas concertadas, acuerdos anticompetitivos y abuso de posición dominante) que restringen el buen funcionamiento de los mercados y crean barreras injustificadas a terceros. Por tal razón, la implementación eficaz de la política de la competencia es indispensable para impulsar la competitividad en el país.