Orígenes del Derecho de la Competencia

Publicado el 09-06-2014

derechocompetenciaEl derecho de la competencia puede definirse como el conjunto de normas jurídicas tendentes a promover y defender la competencia efectiva en los mercados de bienes y servicios, a los fines de incrementar la eficiencia económica y el beneficio de los consumidores y usuarios.

Sir Edward Coke afirma, junto a otros doctrinarios, que los monopolios han estado prohibidos desde el derecho romano, encontrándose luego implícitamente vedados en la Carta Magna y en ciertas leyes del rey Eduardo III. Sin embargo, estas normas expedidas en forma ocasional y desarticulada no conforman un cuerpo legislativo o doctrinario con entidad propia.

Los orígenes de las políticas de competencia modernas se encuentran en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. La transformación de las industrias manufactureras, la mejoría del transporte y la comunicación mediante inventos como el ferrocarril, el telégrafo y el teléfono, así como la liberalización de leyes de incorporación de empresas que permitieron una ola de fusiones entre 1880 y 1890, tuvo como efecto la formación de un único gran mercado, que incentivó la explotación de economías de escala y de alcance.

Las recurrentes crisis económicas caracterizaron los últimos años del siglo XIX con precios bajos e inestabilidad en diversos sectores del mercado. La misma transformación industrial obligó a las empresas a competir con empresas lejanas de otros estados americanos y el extranjero. Para luchar con dicha inestabilidad, los competidores realizaron acuerdos de precios, a los fines de mantener precios altos y márgenes de ganancias.

La formación de cárteles y monopolios afectaron no tan sólo a los consumidores, sino más bien a los productores que se vieron aplastados entre los altos precios de insumos provenientes de sectores cartelizados y los bajos precios de venta. Fue la fuerza política de los granjeros y pequeñas industrias que llevó a la creación de leyes antimonopolio en diversos estados. Sin embargo, poco efecto tenían estas legislaciones en acuerdos entre competidores que involucraban más de un estado.

El Sherman Act de 1890 fue la primera ley antimonopolio con rango federal. Dividida en dos secciones, prohibió contratos, acuerdos o conspiraciones que restringieran el intercambio de bienes y servicios, así como la monopolización, los intentos de monopolización y las conspiraciones para monopolizar cualquier parte del intercambio comercial entre estados o naciones extranjeras, estableciendo como sanción multas y hasta 3 años de prisión para los infractores.

Entre los primeros casos conocidos bajo el amparo de esta ley está el caso Trans-Missouri Freight Association en el que se analizó la fijación de precios en el transporte de bienes entre 18 ferrocarriles y donde la Suprema Corte estableció claramente la ilegalidad del acuerdo de precios, y el caso contra Standard Oil Company por precios predatorios y adquisiciones, quedando desmembrada la compañía en 34 empresas.

Como respuesta a la prohibición de coordinar precios, las empresas iniciaron una gran avalancha de fusiones. En 1914 se promulgó el Clayton Act, que extendió la legislación antimonopolio para cubrir aquellas fusiones capaces de reducir la competencia, prohibió por igual la discriminación de precios y entrelazar directrices entre empresas, y posibilitó la recuperación de daños en demandas antimonopolio privadas. En ese mismo año fue creado el Federal Trade Commission bajo la ley del mismo nombre.

Aunque estas dos leyes persisten hasta nuestros días como los parámetros generales en materia de competencia, han sido reformadas en varias ocasiones: el Robinson-Patman Act de 1936 que versa sobre discriminación de precios, el Celler-Kefauver Act de 1950 sobre fusiones, y el Hart-Scott-Rodino Act de 1976 que otorga facultad al Federal Trade Commission y al Department of Justice para revisar todas las fusiones por encima de cierto umbral.

En la actualidad la mayoría de los países del mundo han ido desarrollando políticas de competencia siguiendo el ejemplo estadounidense y europeo, ajustado a sus realidades económicas y políticas, expidiendo así normas de competencia con el fin de garantizar el funcionamiento del mercado, la libre competencia y el bienestar de los consumidores.